El año pasado, el Consejo Federal (Gobierno) reconocía por primera vez la represión dirigida contra las comunidades tibetana y uigur en Suiza, víctimas de la proyección del poder del Gobierno chino fuera de sus fronteras. Hoy, las ONG denuncian la ausencia de medidas concretas para proteger a las víctimas.
«Estamos muy decepcionados de que no haya cambiado nada en la práctica», afirma Selina Morell, responsable del programa sobre China llamado Voices, una ONG con sede en Berna.
Hace poco más de un año, el Consejo Federal reconocía por primera vez la vigilancia y la presión que el gobierno chino ejerce sobre las comunidades tibetana y uigur en Suiza, víctimas de la denominada «represión transnacional». Este fenómeno adopta diversas formas —intimidación física o virtual, directa o indirecta a través de familiares—, pero persigue siempre silenciar las voces disidentes en el extranjero.
«Tras la publicación del informe, dábamos por hecho que el Gobierno suizo haría algo para proteger a las víctimas de la represión transnacional. Sin embargo, no ha sido así», añade.
No existen cifras que permitan cuantificar con precisión la represión que tiene lugar en territorio suizo, aunque se estima que la tendencia va en aumento. A nivel internacional, la ONG Freedom HouseEnlace externo ha registrado 1.375 casos en todo el mundo desde 2014, aunque estos solo reflejan los incidentes «físicos» más graves como secuestros, detenciones arbitrarias, agresiones o expulsiones ilegales. Mientras, los actos de vigilancia e intimidación quedan fuera de las estadísticas.
Un año después del informe
En su informeEnlace externo publicado el 12 de febrero de 2025, el Gobierno suizo detallaba varias medidas para abordar el problema, entre ellas el diálogo bilateral con Pekín, la sensibilización de actores que podrían enfrentarse a este fenómeno, los intercambios con la diáspora y la creación de un servicio de asesoramiento para las víctimas. Sin embargo, no se establecía ningún calendario.
Consultado al respecto, el Departamento Federal de Justicia y Policía (DFJP) señala que «los trabajos relativos a las medidas nacionales […] han comenzado», en particular con la creación de un grupo de acompañamiento estratégico. Activo desde febrero, deberá elaborar antes de finales de año «un estado de la situación de las competencias en materia de represión transnacional» a nivel municipal, cantonal y federal.
El próximo año, el grupo se centrará en «el examen de los canales de comunicación con las diásporas afectadas, así como en el ámbito de la sensibilización y la prevención», precisa el DFJP. La creación de un servicio de asesoramiento para las personas afectadas y los testigos también será entonces «evaluada».
Selina Morell valora la creación de este grupo, dirigido por Martin von Muralt, delegado de la Red Nacional de Seguridad, pero lamenta la lentitud del proceso ante una situación que, a su juicio, exige medidas concretas a corto plazo.